Cosas, de pensionistas y emigrados. (I)

Llegamos ya al 2017, y con ello, dentro de poco, nos tocará hacer la declaración de la renta emigrantes-alemania-historia-644x362y pasar por “Caja” de la Agencia Tributaria. En el corto espacio de tiempo que resido en el Estado Español, la hice dos veces; y la verdad, no me gustan las formas y lo difícil que se nos hace entender el pago de impuestos para un pensionista, emigrante y retornado. No escribo como experto, por tanto, tendré muchas ignorancias al respecto pero, como emigrante retornado, “SIEMPRE” e instintivamente, en mi cabeza y en mis sentidos, haré -seguro que haremos- una comparación y diferencias con respecto al país en el que mayormente coticé impuestos.

Como los aspectos que quiero abordar y expresar son con la intención de mejorar, o de influir a tomar conciencia de los diversos aspectos positivos, y también de los negativos, voy a exponer en principio, las primeras contradicciones, para luego, en otro u otros escritos, tratar más de lo mismo.

El primero de los contratiempos que se le presenta a un emigrante que resida fuera del Estado Español al llegar a la edad de jubilación, es fijar la cuantía de su pensión por los años trabajados en el territorio español. En un principio, y puestos en contacto con los organismos correspondientes, recibimos un detallado resumen de “Vida Laboral” con los años, meses y días trabajados en el Estado Español, con citación de las empresas en que se prestó servicio o trabajo. Una muy buena información detallada del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que se agradece, aunque, aquel “servicio militar obligatorio” en el que perdimos más de 18 meses de cotización, no fueran incluidos en el cómputo total. Hasta aquí, todo bien.

Al solicitar la pensión por los años trabajados en el país de acogida como emigrante, el organismo correspondiente, nos pide todo documento o información que acredite, tanto los años trabajados en ese país, como de los años trabajados en el Estado Español, que cada uno procura entregar o, en todo caso informar detalladamente. Al residir en ese momento en el país de acogida, es este país el que solicita oficialmente al Estado Español, la cuantía que nos corresponde por el tiempo trabajado en el país de origen. Y aquí empiezan los problemas. Pero no con el país de acogida, sino con el de “despedida”: ¡el Estado Español!.

Al poco tiempo, y sin mediar correspondencia alguna, recibo una “RESOLUCIÓN” Administrativa del INSS Provincial de donde partiera en la última ocasión que estuviera empadronado, con una indicación de que “si no estoy conforme”, podré interponer reclamación previa a la vía judicial ante la Dirección Provincial del INSS en un plazo de 30 días. Dicha resolución, llega acompañada de unos “Datos de cálculo” donde se especifica los días cotizados tanto en el Estado Español como en el país donde estaba a residir y a jubilarme, y unas “Bases de cotización” difíciles de entender, donde NO figuran, los 15 últimos años de vida laboral, que son, precisamente, en ese país de acogida.

imaxen-bng-pension-e-emigracionLa sorpresa fue, que en esa resolución, me asignan un 20% de “paga” por los 7 años trabajados en el Estado Español; en neto: ¡102 euros!. Naturalmente, y luego de informarme y saber que esto le estaba a pasar a otros muchos paisanos, hice la reclamación, y al poco, me puse en contacto con un abogado que me aconsejaron. Dando por resultado, al cabo de dos años, a una “sentencia del Juzgado de lo Social” a fijar una paga del 20% por importe de 382 euros en 14 pagas, y al cobro de los atrasos correspondientes.

Bien, más o menos, esta es la historia del recorrido para la asignación de una paga a un pensionista emigrado. Lo ignoro, pero espero no sea a todos; por lo que supe, somos muchos, y tantos que, los juzgados de lo social, dictaminan estas sentencias como si de una fábrica se tratara, donde, un interesado, si asiste al juicio, ¡no se entera de nada!. Las preguntas que me hago son: ¿por qué una “resolución” que OBLIGA a judializar un derecho cuando, en el país que presté 35 años de trabajo, todo fue INFORMACIÓN escrita y telefónica, sin dificultad alguna, sin engaños y resoluciones que valga. Y digo “engaños” porque, en lo que a mí respecta, en vez  de aplicar lo establecido por ley de los últimos 15 años de vida laboral, me aplicaron una artimaña consistente, en fijar las “Bases de cotización” ¡22 años atrás!, en una corta estancia de 6 años cuando, la ley y los funcionarios bien lo saben, cuentan los “últimos 15 años de vida laboral”, sean estos en España o en París.

Si los casos de “resoluciones” que el Estado Español “pierde” en los juzgados, ante los emigrados españoles son por miles, ¿qué es esto, estafa?, no lo sé, lo que sí sé, es que de los atrasos percibidos, -en mi caso- se fueron para abogados, 2000 euros. ¿Es esto justo en un estado de derecho?, ¿por qué el Estado Español, o los funcionarios que deciden, fuerzan a los emigrantes a semejantes gastos y contratiempos?, ¿cuántos miles de paisanos NO reclamarán por no saber o por miedo?. Pueda que sea esto lo que se persigue desde las altas instancias de la administración para “cuadrar” las cuentas, las suyas; no las de los que tuvimos que coger la manta, e ir a buscar mejores mundos donde dignificar nuestro trabajo, y donde hasta nos buscan, para entregarnos lo que nos pertenece.

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